Resumen: El derecho a la presunción de inocencia en casación se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Los hechos se subsumen en un delito de violación al haberse atentado contra la libertad sexual de la víctima empleando violencia e intimidación, a través de la utilización de un instrumento peligroso, en este caso un cuchillo. Para apreciar la atenuante de drogadicción debe resultar acreditado que el consumo de estupefacientes hubiera producido en el autor del delito una anulación, o afectación de sus facultades volitivas y/o cognitivas, que le anule su facultad de querer y comprender, o limite gravemente.
Resumen: Demanda de protección del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen derivada de la publicación de dos noticias relativa al demandante que este considera atenta a los derechos antes citados. En primera instancia se estimó en parte la demanda, ya que se apreció que pese a considerar que las noticias publicadas eran esencialmente veraces, se incurrió en lesión del derecho al honor al identificarse al demandante por su nombre y apellidos sin que ello resultase necesario ni justificado. Interpuesto recurso de apelación por los demandados, la Audiencia lo estimó y por tanto, desestimó la demanda. Recurrida en casación por el demandante, la Sala desestima el recurso al considerar que las noticias litigiosas tienen relevancia pública y trascendencia social, que se observó en su publicación la proporcionalidad adecuada a las circunstancias del caso y que no puede considerarse que la segunda de ellas carezca de veracidad al cumplirse el requisito de la diligencia exigible al profesional de la información. Por tanto, concluye que el juicio de ponderación de los derechos fundamentales en conflicto realizado por el tribunal de apelación fue correcto y desestima el recurso.
Resumen: Presunción de inocencia: prueba suficiente. Valor de la declaración de la víctima. Credibilidad de la víctima y tardanza en denunciar. El control de la racionalidad de la inferencia del Tribunal de instancia no implica la sustitución del criterio valorativo por el Tribunal de apelación. Humillar, vejar, crear, en fin, un clima prolongado en el tiempo de intimidación y de desprecio equivale en términos normativos a violencia psíquica.
Resumen: Entrega a las autoridades judiciales de Polonia para cumplimiento de condena por un delito contra la salud pública. Designación de letrado en el país reclamante solicitada oportunamente, aunque no consideraran procedente su designación al reclamarle para cumplimiento de condena. Función de asesoramiento limitada a la posibilidad de consentir la entrega. La designación del letrado en el Estado de emisión no detiene ni retrasa el procedimiento ni condiciona los plazos establecidos. No se ha producido vulneración del derecho de defensa. El hecho de que se haya sobrepasado el plazo ni implica ni constituye una causa de denegación de la entrega. No concurren los requisitos exigidos para activar la cláusula facultativa de denegación de la entrega por residencia.
Resumen: Aceptar con naturalidad que toda petición de cambio de Letrado, sea cual sea el momento en el que aquélla se produce, forma parte del contenido material del derecho de defensa, supondría distanciarnos del verdadero significado constitucional de ese derecho. La capacidad del imputado de designar a un Abogado de su confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa. Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable. No se suspendió el juicio, al no haberse dado explicación alguna del porque el acusado no había hecho la designación con anterioridad a la celebración del juicio o en su caso no había acudido con el Abogado que supuestamente quería designar. Puede haber también delito continuado sin ese dolo unitario, cuando el autor va repitiendo hechos en casos en que se le presentan ocasiones también sucesivas. Aunque el precepto utilice el adjetivo "idéntica", ha de entenderse aplicable en los casos de ocasiones con semejanzas suficientes entre sí para justificar la aplicación de esta norma penal. La única paralización no atribuible al acusado es la de 1 año y 8 meses y las cuatro suspensiones de la vista tampoco son achacables al Tribunal. Procede la atenuante ordinaria de dilaciones.
Resumen: En supuestos de denuncia por el apelante de vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia por error en la valoración de la prueba lo que el tribunal de alzada ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad. A la sala de apelación no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció para, a partir de ella, confirmar la valoración del tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Valoración de la fiabilidad del testimonio de la testigo-víctima que padece retraso mental, alteración del comportamiento, trastorno de personalidad y cromosomopatía, con una discapacidad intelectual del 78 %, causantes de una imposibilidad total y permanente para el gobierno de su persona y bienes. Se descarta error en el acusado sobre las condiciones psíquicas de su víctima tras constatar el tribunal de instancia que tal condición es evidente y visible para toda persona sin problemas de capacidad psíquica. Se descarta atenuante de confesión porque el pretendido reconocimiento de hechos vino forzado por los datos de la investigación e incompleto.
Resumen: Ámbito de actuación del tribunal de apelación en el caso de sentencias absolutorias recurridas por error en la valoración de la prueba. En relación al control que corresponde realizar al tribunal de apelación sobre el juicio de credibilidad de la presunta víctima, la Jurisprudencia recuerda que no le corresponde al órgano de apelación revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano de instancia alcanza su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el artículo 117.3 CE, sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta.
Resumen: Se desestiman los recursos interpuestos por la acusación particular y el condenado como autor de un delito de apropiación indebida, que, valiéndose de un poder muy amplio que ostentaba de una sociedad inglesa, y so pretexto de llevar a cabo una inversión más ventajosa de la cantidad de 150.000 euros, le dio un destino financiero diferente, y terminó por apropiarse esa cantidad, para su uso particular. El acusado reconoció que se hizo pago con dinero ajeno, de forma que realizó unilateralmente una operación de transferencia que no consultó a su mandante y ello para hacerse pago de honorarios que le debían. Pero es sabido que no existe tal derecho de retención y, en todo caso, la liquidación de cuentas pendientes, como causa excluyente del dolo penal, exige la justificación del crédito por parte del acusado, no bastando con meras referencias genéricas o inconcretas. El poder de gestión no es, obviamente, un poder para cometer delitos. El acusado tenía concedidos por la sociedad amplísimos poderes para gestionar el objeto social. Precisamente su uso determinó que existiese la posesión inicial legítima y su abuso, esto es, la transformación de aquella posesión del dinero gestionado en antijurídica propiedad. Sus facultades se agotaban en la gestión leal en favor del titular del depósito. No abarcaban ni el auto-pago ni la apropiación indebida de ese dinero que vulnerando los deberes de lealtad y confianza hizo propio.
Resumen: Se avalan las intervenciones telefónicas autorizadas sobre la base de las conversaciones intervenidas en otro proceso judicial. La decisión se adoptó a partir de una intervención previa de las comunicaciones de otras personas, cuya legitimidad aquí no se cuestiona, de la que resultaban indicios que justificaban la intervención de la línea telefónica de un tercero que aparecía implicado en una operación de tráfico. Los indicios no tienen que ser los propios de la sentencia condenatoria, ni pueden contrarrestarse con la versión alternativa ofrecida por el acusado en el plenario. Se acuerda la absolución de dos condenados, ya que la prueba de cargo se limitaba a una conversación y el reconocimiento de uno de ellos en Instrucción a propósito de la custodia de una bolsa conteniendo droga. Se absuelve a otro condenado por delito de receptación: la entrada y registro no abarcaba este delito y no se solicitó ampliación al Juez Instructor. La prueba así obtenida debe reputarse nula. Se estima la pretensión de otro recurrente de apreciarse el subtipo atenuado del art. 376.2 CP, concurren todos sus presupuestos y la sentencia deniega esta pretensión aplicando erróneamente una jurisprudencia que se refiere al supuesto del art. 376.1 CP. También se estima el motivo de este recurrente, por el que se impugnaba el comiso decretado de su vehículo, ante la ausencia de cumplida motivación de esta decisión
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: supuestas relaciones sexuales del acusado con su hija menor. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E "IN DUBIO PRO REO": el primero es un derecho constitucional a no ser condenado sin pruebas de cargo suficientes en su contenido y válidas en derecho que acrediten los elementos esenciales del delito, con un deber de motivar adecuadamente dicha valoración. El "in dubio pro reo" opera en un marco de prueba existente, en el que se decide sobre la duda, la viabilidad de versiones alternativas y la del convicción del juzgador. TESTIFICAL DE LA VÍCTIMA: la condena no se puede sustentar en una mera creencia, sino en una motivación reforzada en virtud de la existencia de una única fuente original de convicción. Los requisitos de credibilidad, verosimilitud y persistencia son parámetros orientativos, no condiciones de existencia. La total discrepancia entre la denuncia y la declaración en juicio y la credibilidad de las explicaciones del acusado priva de validez en este caso a la carga inculpatoria de la testifical de la víctima. PERICIALES DE CREDIBILIDAD: se admiten en los casos de menores, pero nunca pueden sustituir la decisión judicial. ELEMENTOS DE VALORACIÓN: contextualización de la denuncia en un conflicto entre los progenitores y con la menor.
